El emblemático edificio de Olazábal 3432, conocido como “La Mole” por su imponente estructura de hormigón, fue desalojado el 6 de enero de 2025 tras un largo proceso judicial que se extendió por más de seis décadas. A pesar de su abandono, el inmueble generó controversia entre los vecinos, las autoridades y los involucrados en su disputa de propiedad.
El 6 de enero de 2025, un desalojo judicial marcó el fin de una historia de incertidumbre y abandono de más de seis décadas. El edificio de 15 pisos, situado en Olazábal 3432, en el barrio de Belgrano R, fue evacuado tras un proceso judicial ordenado por la justicia penal. La operación se realizó a raíz de una denuncia por usurpación presentada por la empresa CRMJ Construcciones, que adquirió el inmueble en 2022, en medio de una compleja trama judicial que involucra a varios actores y un largo litigio sobre la titularidad del edificio.
María Sánchez, una de las ocupantes, expresó su angustia mientras retiraba sus pertenencias: “No tengo a dónde ir. Mi papá se va a la casa de uno de mis hermanos y mis tres hijos, que nacieron acá, están con sus abuelos. No queríamos que pasen por esto. Hace más de 15 años que vivo acá. Nunca me negué al desalojo, solo pedí un tiempo más junto a otros vecinos para poder sacar bien las cosas, pero nos lo negaron. Pagábamos todos los servicios, es mentira que estábamos colgados de todo”, comentó visiblemente conmovida.
Este desalojo no es un episodio aislado, sino el último capítulo de una serie de irregularidades legales que se sucedieron desde la construcción del inmueble en 1965. El edificio, iniciado por la empresa Promobra S.A., nunca fue terminado, y tras su quiebra, quedó en estado de abandono por décadas. En 1972, el Estado Nacional adquirió el predio con el objetivo de destinarlo a viviendas sociales, pero la compra nunca fue registrada oficialmente y las obras nunca se concretaron.
De acuerdo con Carlos Prillwitz, abogado y representante de la Sociedad de Fomento de Belgrano R, la historia del inmueble está marcada por irregularidades. “Solo falta una decisión política del Estado de quedarse con el inmueble que le pertenece. El que impulsó el desalojo fue CRMJ Construcciones, la empresa que compró el edificio, ya estando ocupado, a un privado que no tenía la titularidad y había sido procesado por defraudación, pero la Justicia dejó prescribir su causa”, detalló el abogado.
El dominio del edificio ha sido cuestionado por diversas entidades, incluidas las autoridades del Estado Nacional, que compraron el inmueble en 1972, pero nunca formalizaron su inscripción en el Registro de la Propiedad. El proceso de adquisición del edificio, por parte de Ramón Hugo Eiviño, un privado que vendió la propiedad a CRMJ, se realizó mediante la firma de escrituras presuntamente falsificadas, lo que dio lugar a una denuncia por estafa. Aunque se inició una causa penal en 2004, el caso prescribió en 2018 sin que se llevara a juicio. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ha cuestionado la validez de la venta de Eiviño, asegurando que el inmueble nunca pasó a su propiedad de forma legítima.
Asimismo, la AABE solicitó que se investigara la operación de compraventa que involucró a Eiviño y a la escribana Georgelina Ana Castellano, quien aprobó la escritura sin realizar el estudio de dominio necesario. Esto permitió que el inmueble cambiara de manos sin que se detectara que el verdadero dueño seguía siendo el Estado Nacional.
En la actualidad, el edificio se encuentra bajo la titularidad de CRMJ, la empresa constructora que adquirió la propiedad, aunque las dudas sobre su legalidad persisten. Prillwitz enfatiza que el Estado tiene el derecho de reclamar la restitución del inmueble, que actualmente está valuado en 6 millones de dólares. “El Poder Ejecutivo tiene que impulsar una demanda civil de reivindicación de su propiedad, donde tiene todas las posibilidades de ganar el juicio”, agregó el abogado.
El desalojo dejó una huella profunda en los residentes del edificio. Entre los desalojados, había familias con niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Las condiciones del desalojo fueron descritas como precipitadas y caóticas, y muchos de los ocupantes se vieron obligados a abandonar el lugar en un tiempo reducido, lo que generó una gran angustia. Raúl Raven, quien nació en el edificio, comentó: “Solo nos dieron 72 horas para desalojar. Tengo tres nenes, y uno de ellos tiene epilepsia. Los saqué el fin de semana para que no vivan esta situación. Tengo una impotencia bárbara. En 72 horas es imposible que consiga un alquiler, estoy desesperado.”
Luis Cruz, un hombre de 79 años que vivió en el inmueble durante 10 años, también expresó su frustración: “Esta noche no sé dónde voy a dormir. Me enteré ayer a la tarde que nos desalojaban. ¿Cómo puedo hacer para irme en tan poco tiempo? No les importó en absoluto mi condición. En un momento pensé en resistirme, pero no valía la pena. Estoy desesperado”.
Por su parte, algunos vecinos del barrio lamentaron el desalojo. “Había de todo, pero en su mayoría eran laburantes, nunca tuvimos problemas con ellos. El desalojo fue muy desprolijo, muchas de las personas que viven ahí fueron a trabajar y, al volver, se encontraron con esto”, señaló Salvador, un vecino de la zona.
Otros, como Patricia Mauad, vecina que vive frente al edificio, comentaron que “la convivencia con los ocupantes siempre fue buena”, pero reconocen la legalidad del desalojo debido a las condiciones irregulares de la propiedad.
