La Cámara de Apelaciones porteña confirmó el fallo de primera instancia que ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) completar el catálogo de inmuebles construidos antes de 1942 para garantizar su protección patrimonial. Este listado, previsto por ley, nunca se terminó de elaborar, lo que deja un vacío legal que permite el avance de demoliciones en esos edificios, que se calculan en más de 140 mil.
Hasta que no se complete el catálogo, el GCBA no podrá autorizar demoliciones de estos inmuebles, a menos que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) lo habilite específicamente.
El fallo está firmado por los jueces Pablo Mántaras, Carlos Balbín y Fabiana Schafrik de la Sala N°1 de la Cámara, quienes rechazaron la apelación presentada por el GCBA tras el fallo original de abril del año pasado, emitido por el juez de primera instancia Aurelio Luis Ammirato.
“Se vencieron los plazos”
Los camaristas señalaron que “se vencieron” los plazos establecidos por ley para llevar a cabo la catalogación de los inmuebles y que el GCBA “no había completado el relevamiento” en los 15 años transcurridos desde la aprobación de la norma. “Es dable afirmar que el Gobierno incurrió en una omisión ilegítima en el cumplimiento de sus funciones de resguardo respecto de tales bienes”, escribieron los jueces.
La Ley N°3.056 fue aprobada por la Legislatura porteña en 2009 para modificar el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) creado por otra ley de 2007. La norma establece que el PEPP debe incluir a los edificios públicos o privados construidos antes del 31 de diciembre de 1941, que deben ser identificados mediante un relevamiento instrumentado por el propio GCBA. A partir de ese relevamiento, corresponde al CAAP evaluar si deben ser protegidos o no.
Desde entonces, solo se realizó un relevamiento mediante un acuerdo con la Facultad de Arquitectura de la UBA, que encontró un universo de alrededor de 141 mil edificios anteriores a 1942. En el fallo, los jueces indican que en el Listado de Inmuebles Catalogados por el Código Urbanístico solo están incluidos 5.800 de ese total. “Esa cifra y el silencio del Gobierno acerca de la existencia de un catálogo completo de bienes sujetos a protección patrimonial constituyen la prueba suficiente y permiten configurar la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales respecto del resguardo del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural local”, sentenciaron los jueces.
“Culminar la evaluación”
De esta manera, ratificaron lo que ya había ordenado el juez Ammirato en su fallo inicial: completar el catálogo definitivo con la totalidad de los inmuebles, culminar la evaluación del valor patrimonial a través del CAAP e implementar la protección adecuada y oportuna de los inmuebles resultantes. Mientras tanto, el GCBA deberá “abstenerse de autorizar demoliciones, reformas, ampliaciones y/o nuevas construcciones” en los inmuebles en cuestión. Solo estarán permitidos esos procedimientos en caso de habilitación “expresa e individualizada” del CAAP. Para los camaristas, existe una “amenaza cierta y concreta” de que los inmuebles en cuestión “pudieran verse violentados”.
Los fallos responden a una causa iniciada por organizaciones de la sociedad civil, como el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Basta de Demoler (BdD), la Fundación Ciudad y SOS Caballito, que ahora celebraron la confirmación de la Cámara como una nueva “victoria judicial”. “La sentencia judicial reconoce la necesidad de proteger el patrimonio de la ciudad y que este no quede sujeto a un limbo indefinidamente, sino que se transforme en una política de estado prioritaria y con apertura democrática”, sostuvo Jonatan Baldiviezo, abogado del ODC.
Los intereses inmobiliarios
Para Baldiviezo, el GCBA pospone la catalogación “porque prefiere ir realizando evaluaciones a medida que se van solicitando los permisos de demolición y con procedimientos poco transparentes sujeta los análisis a los intereses inmobiliarios”. Las organizaciones ya venían cuestionando el modo en que se otorgan los permisos para demoliciones y obras en el marco de un “limbo legal” en el que los destinos de los inmuebles terminan siendo decididos de forma particular y no catalogada.
“La falta de criterio del CAAP y la flexibilización de la protección legal por parte de la Dirección General de Interpretación Urbana (DGIUR) está diluyendo las políticas de protección y gestión del patrimonio arquitectónico porteño”, advierten desde BdD, reclamando “que se realice una auditoría al CAAP y a la DGIUR ya que, a pesar de las irregularidades documentadas por los vecinos, ONG y los fallos de la Justicia, vemos con alarma la discrecionalidad y falta de transparencia con la que se está modificando la escala e identidad de Buenos Aires para siempre”.
