La situación de extrema necesidad en niños y niñas en Argentina ha aumentado al 14,3 por ciento durante el primer semestre de 2023. Este porcentaje equivale a 1,8 millones de pequeños, 250 mil más en comparación con 2022, según un reporte de Unicef publicado hoy. Además, de acuerdo con estimaciones del organismo, la situación empeoró hacia finales del año pasado, llegando a afectar al 19,4 por ciento de la población infantil, lo que representa 630 mil niños y niñas adicionales que viven en hogares que no pueden cubrir la canasta básica de alimentos.
Por otro lado, la pobreza monetaria afecta al 57 por ciento de los niños y niñas, lo que se traduce en 7,1 millones de pequeños. Algunos de ellos se encuentran en situaciones aún más vulnerables: la incidencia de la pobreza aumenta cuando los responsables del hogar tienen un nivel educativo muy bajo (83%), en casos de hogares con una sola madre (68%), o cuando viven en barrios marginales (84%).
En este contexto, el presupuesto nacional destinado a la infancia muestra, hasta la fecha, una disminución del 75 por ciento en términos reales, según tres nuevos informes de Unicef basados en cifras oficiales que abordan la pobreza monetaria y las privaciones vinculadas a los derechos de los niños y niñas; el presupuesto destinado a la infancia; y la suficiencia de las políticas de protección de ingresos.
“Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina, explicó que el presupuesto es una herramienta crucial para garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia”, señaló al presentar los informes que monitorean la situación de los niños y niñas desde 2016. “Con esta información, buscamos contribuir a las decisiones gubernamentales, cumpliendo con los planes de trabajo acordados con el Estado nacional, y siguiendo el mandato establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño”, agregó.
La implementación de políticas nacionales clave para la infancia ha mostrado signos de alerta en lo que va de 2024. Por un lado, se observa un número importante de iniciativas con niveles de ejecución nulos o casi nulos (como el fortalecimiento de jardines de infantes, el Plan Nacional de Primera Infancia, entre otros). Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentaria muestran niveles de ejecución elevados para esta época del año, debido a que los montos presupuestados en el presupuesto actual, prorrogado desde 2023, no son suficientes para cubrir las necesidades de financiamiento requeridas para ayudar a las familias durante todo el año.
“Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, señaló que las políticas de protección de ingresos son fundamentales para mitigar los niveles de pobreza”, explicó en diálogo con Página 12. “Sin estos programas, alrededor de 270 mil niños y niñas más vivirían en la pobreza y más de un millón caerían en la indigencia”, agregó.
“De mantenerse las tendencias actuales, la pobreza monetaria en la infancia y adolescencia para el primer trimestre de 2024 alcanzaría valores en torno al 70 por ciento, mientras que la indigencia llegaría al 34 por ciento, con repercusiones en el bienestar actual y futuro”, continuó Waisgrais. “En un contexto de vulnerabilidad social y altos niveles de pobreza infantil, es crucial mantener las asignaciones presupuestarias para la protección de ingresos a los hogares”, afirmó.
“Argentina lleva más de 10 años en un proceso de estancamiento económico, con un producto per cápita similar al de 2007. El proceso inflacionario de los últimos años, que se ha acelerado nuevamente desde diciembre de 2023, ha tenido nuevos impactos en los niveles de pobreza que debemos amortiguar”, amplió Waisgrais al describir la situación de alerta que enfrentan los niños y niñas.
En ese sentido, afirmó: “Es posible preservar a los niños y niñas incluso en un contexto de ajuste. En un contexto de vulnerabilidad social y altos niveles de pobreza, y especialmente de indigencia, es esencial seguir aumentando mensualmente y por encima de la inflación las asignaciones presupuestarias destinadas a la protección de ingresos, para evitar que los niños y niñas caigan en la pobreza extrema y, como resultado, sufran inseguridad alimentaria”. “Erradicar la pobreza extrema, con los consensos adecuados, es fiscalmente viable incluso en un contexto de restricciones presupuestarias”, concluyó.
