En el marco de una reforma histórica, la Legislatura porteña aprobó modificaciones a la Ley Nº 269, que fortalecen las sanciones a los alimentantes morosos y optimizan los mecanismos de control. La iniciativa busca garantizar los derechos básicos de la niñez en el territorio porteño.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó una reforma clave a la Ley Nº 269, que regula el Registro Público de Alimentantes Morosos. Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de Justicia y la legisladora Inés Parry, introduce sanciones más severas y herramientas modernas para combatir la morosidad alimentaria. Entre las medidas destacadas, se incluyen restricciones para obtener licencias de conducir definitivas, postularse a cargos jerárquicos o electivos, realizar operaciones notariales y asistir a eventos masivos.
El objetivo central de estas modificaciones es reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y fomentar una mayor conciencia social sobre la responsabilidad parental. A su vez, las reformas agilizan los procesos judiciales y administrativos, acortando los plazos para la inclusión de deudores en el registro y mejorando las herramientas para el cobro de las deudas.
Las personas inscritas en el Registro, por orden judicial, enfrentan ahora un espectro más amplio de restricciones. Entre ellas, la imposibilidad de asistir a eventos masivos con más de 5.000 personas, como partidos de fútbol o recitales, y la prohibición de acceder a cargos jerárquicos en el ámbito público. De este modo, la reforma no solo busca sancionar, sino también promover un cambio cultural que priorice el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, se incorporó la figura de responsabilidad solidaria para empleadores que omitan informar relaciones laborales con personas incluidas en el registro, lo que busca garantizar mayor efectividad en el cobro de las deudas. Según explicó el Subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, esta medida es fundamental para “generar un cambio cultural, promoviendo la responsabilidad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad”.
Esta reforma no es un esfuerzo aislado, sino que se enmarca en una estrategia integral liderada por la Subsecretaría de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Entre las iniciativas destacadas se encuentran el programa “Responsabilidad Alimentaria”, destinado a organizaciones y empresas, y capacitaciones dirigidas al personal del Gobierno porteño. Además, se firmaron convenios con registros provinciales para el intercambio de información, lo que fortalece la coordinación entre jurisdicciones.
Agustín Ulanovsky, director general de Asuntos Registrales, subrayó: “La aprobación de esta reforma nos permite contar con una herramienta más eficaz y moderna para combatir la morosidad alimentaria. Con estas nuevas disposiciones, avanzamos hacia un sistema más ágil, justo y eficiente”.
Con la implementación de estas medidas, el territorio porteño se posiciona como referente en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. La agilización de los procedimientos judiciales y administrativos, sumada a las nuevas restricciones, busca garantizar que quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias enfrenten consecuencias concretas y efectivas.
