La violencia contra niños y adolescentes es un flagelo que afecta a América Latina, el Caribe y al mundo entero de una manera ó de otra. Se recomiendan legislaciones que apoyadas en los derechos específicos, condenen definitivamente todo tipo de agresión. Las lesiones físicas, mentales provocadas por estas prácticas lamentables que crean secuelas irreparables.
El cumplimiento de estos derechos está garantizado por la Convención sobre los Derechos del Niño que son parte de la Constitución Nacional Argentina, y son los siguientes:
- A la vida, el desarrollo, la proteción y la participación.
- A tener un nombre, una nacionalidad.
- A saber quienes son nuestras mamás y papás.
- A crecer sanos, física y espiritualmente.
- A que se respete nuestra vida privada.
- A tener nuestra propia cultura, idioma y religión.
- A pedir y difundir la información necesaria que promueva nuestro bienestar y desarrollo como personas.
Que nuestros intereses sean los primeros en ser tenidos cuenta en todos los temas que nos afecten. Sea en la familia, la escuela, hospitales, jueces, legisladores.
- A no ser discriminados bajo ninguna circunstancia.
- A tener a quién recurrir en caso de maltrato.
- A expresarnos libremente, a ser escuchados, y que la opinión sea tenida en cuenta.
- A no trabajar y a tener una educación de calidad.
- A que nadie haga con nuestros cuerpos lo que no queremos
- A aprender al máximo todo aquello que desarrolle la personalidad. Capacidades intelectuales, físicas y sociales.
- A tener una vida digna y plena, aún desde las capacidades diferentes.
- A descansar, jugar y practicar deportes.
- A vivir en un medio ambiente sano y limpio, en contacto con la naturaleza.
- A participar activamente de la vida cultural.
- A tener una vivienda digna.
- A reunirnos con amigos para intercambiar ideas y proyectos.
En nuestra Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La Legislatura sancionó en 1998, la Ley 114 de Protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, que asimismo, crea, el Consejo correspondiente, capacitado para la toma de medidas de protección integral de derechos en articulación con la familia, comunidad, organismos del estado y poder judicial.
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