El gobierno liderado por Javier Milei ha reducido en un 33 por ciento el gasto en las políticas públicas que, según el propio Estado, tienen como objetivo disminuir la desigualdad de género. Este recorte es más pronunciado que el sufrido por el presupuesto nacional en su totalidad, que fue del 24 por ciento. Estos hallazgos provienen de un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), en colaboración con Amnistía Internacional, CELS, EcoFeminita, Fundar y FES Argentina. “Los números son alarmantes en lo que respecta a las políticas para combatir la violencia de género”, advirtió Malena Vivanco, economista del programa de Justicia Fiscal de ACIJ, durante una conversación con Página 12. El principal programa de lucha contra la violencia de género, ahora bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, ha experimentado una reducción del 65 por ciento en su presupuesto ejecutado. Dentro de este programa se incluyen las actividades del programa Acompañar, con un recorte del 69 por ciento, y de la Línea 144, con un 12 por ciento menos, detalló la experta. Además, los programas de Protección de víctimas de violencia y de Rescate y acompañamiento a víctimas de trata, del Ministerio de Justicia, “casi no tuvieron ejecución en el primer bimestre de 2024”, agregó.
Las organizaciones han analizado el presupuesto nacional desde una perspectiva de género y han comparado la ejecución presupuestaria del primer bimestre de 2023 con la de 2024. “La desigualdad de género persiste y la crisis económica la agrava. No olvidemos que 2 de cada 3 personas del grupo de menores ingresos son mujeres. Sin embargo, en momentos en que es más necesario fortalecer las políticas públicas que promueven la igualdad de género, estas están siendo desfinanciadas: el análisis presupuestario revela caídas de gran magnitud en todos los rubros, como violencia, protección social, infraestructura de cuidados, entre otros”, puntualizó Vivanco.
“Si el Estado reduce su participación en programas sociales fundamentales, como el Acompañar, que brinda recursos económicos para garantizar un mínimo sustento a mujeres víctimas de violencia, para que los sectores más vulnerables puedan afrontar la crisis, es seguro que empeorarán las situaciones estructurales de desigualdad y violencia que afectan a las mujeres en toda su diversidad”, alertó Julieta Izcurdia, abogada y responsable del área jurídica de ELA, en declaraciones a este diario. Además, “en tiempos de crisis y restricciones presupuestarias como las que estamos viviendo, la prevención y atención temprana de los actos de violencia permiten un uso más eficiente de los recursos públicos”, señaló Izcurdia. Y recordó que la investigación de ELA “Invertir en prevención de la violencia doméstica: ¿opción o necesidad?” demostró que al Estado le cuesta hasta 22 veces más intervenir en casos de violencia donde la mujer corre un riesgo alto o altísimo en comparación con los costos de intervenir en situaciones de bajo riesgo.
Las principales conclusiones del análisis presupuestario realizado por las organizaciones revelan que:
- El gasto en políticas públicas dirigidas a reducir la desigualdad de género ha sido un 33% menor en lo que va de 2024 en comparación con el año pasado. Esta reducción es más pronunciada que la sufrida por el presupuesto nacional en su totalidad, que fue del 24%.
- Las partidas destinadas a la protección social explican la mayor parte del presupuesto dirigido a reducir la brecha de género. El presupuesto para Moratorias previsionales, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Tarjeta Alimentar y Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos explicaron el 85% del presupuesto con perspectiva de género ejecutado en 2023. “En comparación con el primer bimestre de 2023, este año ha habido una fuerte disminución en la ejecución de los programas del sistema previsional: -45,5% en Pensiones no contributivas y -38,5% en Moratorias”, advierte el informe.
- No ha habido siquiera un aumento en las partidas de aquellos programas que el gobierno identifica como clave para mitigar las consecuencias de las políticas económicas: “las erogaciones asociadas a la Asignación Universal para Protección Social (AUH y AUE) han caído un 4% en términos reales respecto al primer bimestre de 2023 y las asociadas a la Prestación Alimentar no han variado”, señala el estudio.
- En cuanto a los programas de cuidados, el programa de fortalecimiento de la infraestructura social, de cuidado y sanitaria, que dependía del Ministerio de Infraestructura –cartera que finalmente pasó a Economía– “no ha ejecutado ningún recurso” en lo que va del año. Por otro lado, “el programa destinado al fortalecimiento edilicio de jardines infantiles apenas ha ejecutado $28 millones, un 98% menos que en los mismos meses de 2023”, precisa el informe
- El gasto destinado a políticas contra la violencia de género también ha disminuido. El programa que incluye las actividades de Acompañar y la línea 144, Formulación de políticas contra la violencia de género, ha reducido su ejecución en un 65%. La actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la justicia del Ministerio de Justicia ha ejecutado tan solo $530 mil durante 2024. Por último, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas de trata “no ha tenido ejecución”.
- En lo que respecta a las políticas laborales, el informe de las organizaciones destaca que “el programa ‘Potenciar Trabajo’, del cual dos tercios de sus beneficiarios son mujeres, ha experimentado una reducción del 71% en términos reales en comparación con el mismo período de 2023”. Además, el programa ‘Registradas’, diseñado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y fomentar su acceso y permanencia en el empleo registrado, si bien sigue teniendo presupuesto asignado, “ha sido eliminado”.
- Por último, el informe advierte “un retroceso en la transparencia presupuestaria: desde principios de 2024 se ha interrumpido el monitoreo oficial del presupuesto con perspectiva de género en Presupuesto Abierto”.
Este drástico ajuste en las políticas públicas y partidas presupuestarias destinadas a reducir la desigualdad de género afecta directamente a las mujeres y a las diversidades de los sectores más empobrecidos, y en particular a aquellas que sufren violencia machista. A fines de febrero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció junto con la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en la administración pública, la eliminación de la perspectiva de género en las políticas públicas, aunque en ese momento no proporcionó más detalles. La desfinanciación y el recorte presupuestario son una clara manifestación de cómo se está llevando a cabo esa decisión tomada por el presidente Javier Milei.
