Cacerolas comunitarias y encuentros en plazas de todo el país

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No solo el Frente de Lucha Piquetero llevará a cabo acciones en la vía pública esta semana, a pesar del protocolo represivo anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y respaldado por su homóloga de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien amenazó con retirar el beneficio del Programa Potenciar Trabajo a aquellos que realicen bloqueos: también los movimientos afiliados a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, junto con otras organizaciones aliadas, han declarado una jornada de protesta. La misma tendrá lugar el viernes 22, con asambleas y cacerolas comunitarias en todo el territorio nacional. Además, el mismo día se llevará a cabo una jornada de lucha convocada por ATE.

Los líderes de la UTEP se reunieron este lunes para debatir sobre cómo enfrentar las medidas de ajuste. El encuentro tuvo lugar en una parroquia del Bajo Flores, donde se sumaron a sus miembros históricos las agrupaciones territoriales de ambas CTA, así como Libres del Sur, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Fetraes y el Frente Milagro Sala.

“Es necesario expresar claramente en las calles nuestra postura sobre temas como el protocolo antipiquetes”, afirmaron. Otra preocupación es la cuestión alimentaria, ya que el aumento de los precios está llevando a más personas a acercarse diariamente a comedores y merenderos.

En juego también está el papel que las organizaciones sociales desempeñarán en el programa Potenciar Trabajo, del cual hasta ahora eran, al igual que algunas ONG de la iglesia y municipios, ejecutores, es decir, organizadores de proyectos productivos (cooperativas textiles, de reciclado, etc.) o sociocomunitarios (comedores, promotoras de salud y género). Luego están los programas como Integración Socio Urbana o Argentina Recicla, sobre los cuales no se sabe qué tipo de continuidad tendrán.

Los referentes acordaron no aislarse, ofrecer respuestas coordinadas y buscar ampliar la participación de otras organizaciones.

Con este entendimiento común, el viernes realizarán asambleas y cacerolas comunitarias en las plazas de todo el país. Probablemente, sin cortar calles, pero haciendo su presencia visible.

El sábado y domingo, algunos movimientos como Somos Barrios de Pie ya habían comenzado a consultar a sus referentes barriales para debatir sobre posibles acciones. La crisis de los comedores fue la que impulsó estas discusiones.

“El Gobierno está implementando medidas económicas que no son más que un ajuste criminal que, en términos sociales, implica una caída abrupta de los ingresos. Hoy estamos debatiendo si un sector importante del país tendrá alimentos en su mesa. La sociedad no votó por este proceso grosero de empobrecimiento general liderado por el ministro (Luis) Caputo”, advirtió la organización coordinada por Daniel Menéndez.

Por este motivo, el viernes, Somos Barrios de Pie decidió agregar a las asambleas una acción de sus comedores frente al Ministerio de Capital Humano, para llevar el reclamo a la ministra Petovello de ampliar la asistencia alimentaria.

La presión sobre los comedores y merenderos es doble: por un lado, deben aumentar la cantidad de viandas, pero al mismo tiempo tienen menos insumos. Productos frescos como la carne, en menos de diez días, pasaron de costar 3500 pesos el kilo a 7 mil pesos; los encargados de armar las viandas están reduciendo sus porciones o suspendiéndolas directamente. También enfrentan la escasez de productos secos (fideos, arroz, yerba) porque el gobierno nacional aún no les ha entregado los envíos correspondientes a noviembre y diciembre.

La ministra saliente, Victoria Tolosa Paz, dejó los comedores mal abastecidos debido a los incumplimientos en la entrega de alimentos. A lo largo de 2023, las organizaciones más afectadas, las de la Unidad Piquetera, realizaron continuas marchas de protesta. Su sucesora, Pettovello, aún no ha respondido a los reclamos planteados por las organizaciones sobre la política alimentaria, a pesar del impacto que está teniendo en las familias más pobres el combo de devaluación y falta de renovación del programa de precios regulados por el Estado.