Derecho a la muerte digna

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El hecho de interrumpir la vida, aún sostenida artificialmente, es fuerte. Al menos para quien escribe esta nota. Desde el plano intelectual puedo comprender, pero desde ya, que no desearía ser quien desconecte el dispositivo…

El debate cobra vigencia a partir de la situación de Marcelo. Un jóven neuquino que luego de sufrir un accidente cuando viajaba en  motocicleta en 1994, y pese a los esfuerzos de sus padres, profesionales, un virus intrahospitalario, terminó por dejarlo en estado vegetativo. Veinte años pasaron. Sus padres fallecieron. Las hermanas, llevaron y llevan adelante, una ardua lucha para lograr una muerte digna para Marcelo. En un comienzo, también tuvieron que lidiar con la negativa de los tribunales de la provincia de Neuquén.

Hasta llegar a este día, siete de julio del corriente, en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconoció el derecho que asiste a todo paciente para decidir su muerte digna. Solicitando la interrupción de todas las medidas que lo sostienen ligado de manera mecánica a la vida.

En el histórico fallo que sin duda, generará jurisprudencia, los Jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y  Juan Carlos Maqueda, coincidieron en señalar:

“Desde hace más de veinte años que no habla, no muestra respuestas gestuales ó de palabra, carece de conciencia del medio que lo rodea, de capacidad para elaborar una comunicación y es alimentado a través de una sonda colocada en el intestino delgado”…

Los estudios realizados a Marcelo confirmaron el carácter irreversible de su realidad. La desconexión entre ambos cerebros, destrucción del lóbulo frontal, entre otras severas lesiones de imposible recuperación.

Sus hermanas, conmovidas, escribieron en las redes sociales: “El Alma de Marcelo pronto será libre”

Y así fue…A dos horas de conocido el fallo, Marcelo, de manera natural, partió…

Cabe destacar que al momento del accidente del jóven neuquino, aún no había sido sancionada la Ley de los Derechos del Paciente, Número 26.512. Esta iniciativa autoriza a las personas a disponer mediante instrumento público sobre su salud, dando directivas anticipadas.