Con el apoyo de movimientos sociales y la Iglesia, el Gobierno nacional puso en marcha el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, que permitirá dar certificados de vivienda familiar a 2 millones de habitantes de unas 4.100 villas y asentamientos de todo el país, además de acceder a distintos servicios.
La medida -puesta en marcha mediante el decreto 358, publicado hoy en el Boletín Oficial con la firma del presidente Mauricio Macri y los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Desarrolllo Social, Carolina Stanley- fue celebrada por organizaciones sociales y por Cáritas, que la consideraron positiva.
“Es una medida histórica, que no se había hecho nunca en el país. Por primera vez pudimos relevar 4.100 barrios y asentamientos en todo el país y podremos entregarles a esas familias un certificado de vivienda y de domicilio que les permitirá acceder a distintos servicios”, destacó Stanley a la radio Cadena 3.
En este sentido, remarcó el trabajo y la “vocación de diálogo” de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) con quienes “se pudo acordar la emergencia social, avanzar en su reglamentación y en proyectos productivos”.
Por medio del decreto publicado hoy, el Gobierno dispuso la creación del mecanismo cuya función principal será la de “registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en esos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas”.
La medida beneficiará a 500.000 hogares que se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de dos millones de personas, según datos del Censo Nacional de Población de 2010, el último realizado en el país.
El registro se pone en marcha tras el relevamiento nacional de barrios populares que realizó la jefatura de Gabinete junto a las organizaciones sociales y Cáritas, entre agosto de 2016 y mayo de 2017, que determinó la existencia de 4.100 barrios populares -villas, asentamientos y urbanizaciones informales-, con déficit en el acceso a los servicios básicos y una situación de dominio irregular en la tenencia del suelo.
En un comunicado conjunto difundido hoy, las tres organizaciones sociales y la ONG Techo remarcaron que con esta decisión el gobierno “avanza en el reconocimiento de los asentamientos del país”.
Destacaron que el certificado “es un documento que legaliza el domicilio y reconoce el derecho a acceder la red pública de agua, electricidad y cloacas”, y además les permite “exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos”.
“El certificado de vivienda familiar es el primer paso en un largo camino hacia la integración plena de nuestros barrios. Pero sabemos que no basta con un documento -ni siquiera con una ley- para lograr tierra, techo y trabajo para todos. Es una tarea que implica compromiso, unidad y solidaridad”, señalaron en el comunicado.
Por su parte, Cáritas consideró que se trata de un “paso importante en el largo camino de procurar un techo para todos en condiciones dignas”, aunque señaló que aún “hay mucho por trabajar en la inclusión de tantos hermanos que merecen participar plenamente de sus derechos”
“Como Iglesia y desde el servicio de Cáritas buscamos estar presentes en todos los espacios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos excluidos”, apuntó en un comunicado.
“Lo hacemos logrando consensos, derribando las diferentes barreras que impiden crecer en igualdad y equidad, permitiendo así la integración social y una vida digna para todos, especialmente el poder contar con una vivienda familiar y condiciones habitacionales que garanticen los servicios que corresponden por igual a cada ciudadano y a todos los barrios” del país, señaló la comisión nacional de Cáritas, que encabeza el obispo Oscar Ojea.
Por su parte, la ministra Stanley contrapuso la actitud de estas organizaciones sociales con otras que “van a usar esta época electoral para mostrar sus diferencias, utilizando una forma histórica de reclamar con piquetes en la calle” que “terminan resultando un método extorsivo que solo profundiza la grieta en Argentina”.
En tanto, el ministro Frigerio dijo a la radio La Red que la medida “es importante para poner la verdad sobre la mesa” y precisó que “se trata de una primera fase, para después ver la realidad de cada uno, hacer acuerdos con provincias y municipios, y seguir avanzando para resolverle los problemas a toda esa gente”.
Según los datos preliminares de un relevamiento, las cifras de los barrios populares se distribuyen por todo el país de la siguiente manera: Buenos Aires, 1.612; Ciudad de Buenos Aires, 55; Catamarca , 33; Chaco 269; Chubut, 56; Córdoba, 172; Corrientes, 107; Entre Ríos, 168; Formosa, 78; Jujuy, 91; La Rioja, 14; Mendoza, 205; Misiones, 243; Neuquén, 84; Río Negro, 114; Salta, 145; San Juan, 29; San Luis, 23; Santa Fe, 333; Santiago del Estero, 47; Tierra del Fuego, 36 y Tucumán, 186.
