La Iglesia prescinde de compensaciones estatales

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En 2018, los obispos y arzobispos tomaron la decisión de renunciar a los fondos que les correspondían por ley, implementándolo de manera gradual con cifras congeladas.

La Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado para esclarecer la situación en relación con el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual estipulada por la ley 21.950. De hecho, el organismo indicó que “el último día hábil de diciembre de 2023 concluyó, conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria e informado a la Secretaría de Culto”, el proceso de renuncia mencionado.

Esta decisión comenzó a tomar forma a finales de 2017 y se aplicó de manera gradual en 2018, acordando con el Estado mantener el monto congelado. Esto explica que la suma dejada de percibir por los prelados fuera, al 31 de diciembre de 2023, la misma que al comienzo de 2018, es decir, 55 mil pesos.

Un proceso hacia la autosuficiencia

De esta manera, la Iglesia avanza hacia la autosuficiencia, dando por concluida una ley que fue sancionada el 7 de marzo de 1979, durante la dictadura militar, con las firmas de Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz. El encabezado de esa ley, la 21.950, establecía: “Otórgase a la Jerarquía Eclesiástica una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el Juez Nacional de Primera Instancia”. Sin embargo, el monto no se actualizaba desde hacía años.

La Conferencia Episcopal también aclara: “A partir de consultas recibidas se comunica también que en una resolución del día 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en uso de sus facultades, dio lugar a que los arzobispos y obispos que hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley”.

La ley 21.540

Se hace referencia a la ley 21.540 de “Asignación vitalicia para determinadas jerarquías eclesiásticas”. El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos. Además, en el artículo sexto se aclara que “el goce de esta asignación será incompatible con toda jubilación, pensión, retiro, beneficio graciable o sueldo nacional, provincial o municipal”.

De esta manera, la Conferencia Episcopal deja en claro que el proceso de separación entre la Iglesia y el Estado continúa su curso y que la renuncia a la ley 21.950 no tiene relación con la coyuntura política actual, como sugieren algunos medios y circula en redes. Al mismo tiempo, aclara los montos en respuesta a ciertas versiones, como las de la legisladora Graciela Ocaña, quien insistió en una entrevista con Chiche Gelblung en que los obispos tienen “jubilaciones de privilegio”.